La huida de la caducidad del derecho administrativo

128 páginasDel mismo modo en que ciertas actividades de la administración escaparon del objeto del derecho administrativo, la figura jurídica de la caducidad resolvió también huir de los fundamentos de esa disciplina. En Colombia, la idea de una caducidad llamada a consolidar en el tiempo las situaciones jurídicas de interés público fue gestada al mismo tiempo en que el fenómeno preclusivo se construía sobre unas bases que lo alejaban de ella. En el derecho administrativo colombiano, la caducidad se comporta en dos formas distintas y completamente opuestas, y es a partir de esa dualidad que se confirma que la caducidad dejó de estar llamada a regular las relaciones de derecho público de la administración. El objetivo de esta investigación no es solo el de probar la afirmación categórica que se incorpora a su título principal, sino además el de mostrar por qué la huida de la caducidad se produjo en la forma que se indica.Just as certain activities of the public administration left behind the object of administrative law, the caducity institution departed from the foundations of that discipline as well. In Colombia, the idea of a caducity destinated to consolidate legal situations of public interest over the time raised while the whole system was moving towards legal concepts beyond it. In the colombian administrative law, the caducity institution performs as two different and entirely opposite ways, and is on that duality that is confirmed that it's no longer called to regulate the public law relationships of the administration. The objective of this research is not only to proof what is described in its main tille but also to show why it happened that way.Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho ProcesalMaestrí

Tendencias contemporáneas del derecho procesal

Reflexionar sobre la necesidad de expedir un código procesal constitucional no obedece a un capricho o necedad, sino más bien a la imperiosa necesidad de: (i) asegurar legislativamente la garantía jurisdiccional de la Constitución; (ii) unificar los contenidos del derecho procesal constitucional (se obtiene orden, claridad y coherencia en la legislación procesal constitucional dar eficacia a la supremacía constitucional y a los derechos humanos; y, (iv) dotar a la justicia constitucional de seguridad jurídica. Las constituciones de nuestra época tienen características comunes, ya que consagraron instrumentos o garantías que permitan asegurar que el ordenamiento jurídico infra constitucional refleje el “linaje” constitucional, es decir, permiten expulsar del ordenamiento jurídico (o adaptarlo) aquellas disposiciones que atenten contra la sangre sagrada de la Constitución, o dicho de otra manera, permiten expulsar o declarar inexequibles las disposiciones inconstitucionales; pero adicionalmente han creado mecanismos procesales que permiten la efectividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución a título de protección o de reparación. Pues bien, pensar en incorporar un código procesal constitucional, no corresponde a una tarea quijotesca, como quiera que las constituciones iberoamericanas tienen desde el punto de vista procesal estructuras similares; claro, no se pretende imponer un único código para todos los países, pero si su intento de redacción, nos permitirá avanzar en un verdadero estudio de derecho procesal constitucional comparado, que nos permita identificar las identidades y diferencias de nuestros sistemas jurídicos y así avanzar en la implementación, corrección o modificación de los instrumentos encaminados a defender la Constitución. Consideramos que el aspecto procesal de una Constitución, es decir, los procesos que permitan imponer que el ordenamiento jurídico sea constitucional, así como los que obliguen a la eficacia de los derechos humanos, es lo que nos permita hablar de una verdadera Constitución y no de un “mera hoja de papel”. Es lo que hace que un país tenga Constitución1 . Debemos advertir que no se trata del primer intento de redacción de un código procesal constitucional, toda vez que ya se expidió uno en la provincia de Tucumán en Argentina en 19992 , por iniciativa del profesor Sergio Díaz Ricci3 , a quien debemos considerar como el precursor de las codificaciones procesales constitucionales, y otro en Perú, expedido mediante la ley 28237 de 20044 . En Colombia existen leyes y decretos reglamentando los procesos constitucionales. Igualmente, debemos recalcar que se trata de uno de los desafíos de esta disciplina, para su consolidación definitiva, tal como se concluyó en el primer congreso colombiano de derecho procesal constitucional realizado en Bogotá en 20105 , tendencia que también se evidencia en México, por iniciativa del profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor6 . Por ello resulta imprescindible realizar un breve análisis sobre las codificaciones procesales, con el fin de identificarlas, determinar su objeto, necesidad y antecedentes en experiencias similares, lo que impone adicionalmente, verificar los argumentos a favor y en contra de esta regulación, luego analizar la estructura que deberá seguir tal código y desarrollar las normas rectoras

Estudios, Caracterización y Compilación normativa y jurisprudencial

La segunda edición de Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia + MASC ofrece una herramienta pedagógica que familiariza al lector con algunos de los mecanismos más utilizados para resolver controversias con la administración pública: la conciliación y el arbitraje. Además de compilar las normas aplicables, incluye datos interesantes sobre los resultados alcanzados por la entidad y su aporte al desarrollo de estos mecanismos. Las 131.813 solicitudes de conciliación recibidas durante los años 2017 y 2018 y las 13.404 durante el 2020 -145.217 en total- muestran la fuerte labor que tienen a su cargo los procuradores que las adelantan. El ejercicio conciliatorio requiere de una disposición permanente y la aplicación de técnicas de acercamiento que lleven a encontrar opciones de solución. El texto nos muestra que del total de audiencias celebradas en los mismos años -98.892-, se han logrado 11.758 acuerdos, representando el 12%. Como bien lo señalan los autores, en lo público es completamente relevante el concepto del comité de conciliación de cada entidad, por lo que es urgente potenciar el rol de la figura a partir de la conformación de políticas de prevención de daño antijurídico y la incorporación de medidas que redunden en soluciones más rápidas y menos costosas

Análisis de la normativa administrativa sancionadora aplicada por la Superintendencia Nacional de Salud a partir de los principios del DAS desarrollados por la doctrina constitucional colombiana

En Colombia el Estado debe garantizar la prestación del servicio del derecho a la salud, fundado sobre principios de Integralidad, Unidad, Solidaridad, Eficiencia y Universalidad, empero grandes son las dificultades que atraviesa el SGSSS del país. Motivó esta investigación que consideré urgente realizar un estudio del Ius Puniendi Administrativo, fijando como objetivo “Analizar la normativa administrativa sancionadora aplicada por la Superintendencia Nacional de Salud a partir de los principios del DAS desarrollados por la doctrina constitucional colombiana”, para alcanzarlo se desplegó un análisis documental, doctrinal, legal y jurisprudencial, sumado a la obtención de información institucional, mediante el uso de acciones constitucionales. Encontrándose que el Derecho Administrativo Sancionador en materia de salud presenta grandes deficiencias, que impiden el cumplimiento de sus fines, pues la normatividad que gira en torno a las sanciones no disuade a los sujetos pasivos y, lejos de evitar la comisión de infracciones, son un incentivo al incumplimiento; aunado a ello, el Superintendente posee un vasto poder discrecional con el cual puede favorecer o dañar a un vigilado a su arbitrio, afectando más que a los sancionados, al Estado y a los usuarios

El control de legalidad en el sistema oral en Colombia, en materia de lo contencioso administrativo: Análisis de su ejercicio en procesos tramitados por la sala de oralidad del Tribunal Administrativo de Nariño, período enero a marzo de 2016

La investigación parte de desarrollar un objetivo general, cual es, analizar el ejercicio del control de legalidad en el sistema oral en Colombia, en materia de lo contencioso administrativo en Nariño, a partir de procesos tramitados por la sala de oralidad del tribunal administrativo de Nariño , en el período comprendido entre enero y marzo de 2016, y los específicos que deben conocer su alcance y aplicabilidad en la práctica judicial dentro del sistema oral en materia contenciosa administrativa desde el análisis, estudio y evaluación de casos tramitados; lo que contribuye a múltiples reflexiones por la vía de la ilustración y comprensión. En el corto recorrido práctico de la oralidad, se pueden ver diversas situaciones que ameritan ser recogidas en un estudio académico, como para el caso, Maestría en derecho procesal contemporáneo.Magíster en Derecho Procesal ContemporáneoMaestrí

La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

[ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales

Comunicación y discursos en el proceso de paz en Colombia

Entre los años 2012 y 2016 se desarrollaron los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla FARC-EP, que culminaron con la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En este contexto, se realiza un análisis crítico del discurso sobre el acceso a los medios de comunicación, como un tema recurrente en las agendas de los diálogos de paz que se han realizado con las insurgencias desde mediados del siglo XX, y en los acuerdos de paz alcanzados desde entonces. Esto se interrelaciona con un acercamiento a la comprensión del contexto histórico del conflicto, mediante el contraste de múltiples fuentes documentales: los informes de comisiones oficiales de investigación de la violencia (1958 y 1987), el Tribunal Permanente de los Pueblos (1989 y 1991), la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (2010), los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (2008-2018) y, los ensayos y relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015); a partir de los cuales, se plantea una aproximación hacia la responsabilidad colectiva de los medios de comunicación masiva en el origen y persistencia de la confrontación armada y su impacto en la sociedad. En este sentido, y con fundamento en el enfoque histórico del discurso, se aborda el análisis intertextual e interdiscursivo de diversos actores académicos, políticos, gubernamentales, militares, insurgentes, periodísticos, judiciales, jurídicos, sociales, humanitarios, y de las víctimas; a la vez que, se integran con los derechos a la información, la verdad y la paz, en perspectiva de la formulación de aportes desde el ámbito comunicativo para la superación del conflicto armado y la construcción de paz

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública por daños ocasionados mediante la vulneración del Derecho a la Protección de Datos Personales.

En el presente documento se desarrolla la investigación denominada “Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública por Daños Morales ocasionados mediante la vulneración del Derecho a la Protección de Datos Personales” con el que se pretende dar cumplimiento a uno de los requisitos requeridos para obtener la calidad de Maestra en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, programa de estudios de posgrado ofertado por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. La presente investigación fue delimitada metodológicamente, incorporando la información obtenida de fuentes del derecho en sentido abstracto, tanto las fuentes sustantivas como doctrinarias, comprendidas en la delimitación espacial de regiones que regulan las instituciones jurídicas que conciernen a la presente investigación, siendo estas instituciones la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, la Protección de Datos Personales y la figura del Daño Moral o inmaterial, centrando su atención en lo concerniente al Derecho salvadoreño, delimitado temporalmente en el plazo comprendido del mes de febrero del año dos mil once al mes de octubre del año dos mil veinte, por ser el momento en la historia con mayor evolución del derecho a la protección de datos personales, en relación al nacimiento de la Ley de Acceso a la Información pública y la regulación del ejercicio a la buena administración por parte de los servidores públicos, enfocado principalmente a su obligación de gestionar correctamente los datos de carácter personal, evitando su vulneración

Discursos sobre inclusión social. Análisis de la política de salud sexual y reproductiva en Chile desde una perspectiva de género, (2000-2015)

Esta tesis indaga en la noción de inclusión social que propone la política de salud sexual y reproductiva en Chile (2000-2015) desde una perspectiva de género en articulación con otros ejes de exclusión. La salud sexual y reproductiva en Chile ha sido un ámbito bastante polémico. Si bien Chile fue el primer país latinoamericano en abordar la planificación familiar como asunto público (1967), actualmente es considerado uno de los países más conservadores de la región, entre otras cosas, por contar con una de las legislaciones más punitivas en materia de aborto (1989). Los lentos avances en este ámbito responden a una historia marcada por la dictadura militar (1973-1989), periodo en el que el Estado asume un rol subsidiario y promueve una política pro natalista. En este escenario, grupos de la sociedad civil –principalmente asociados al movimiento feminista y de mujeres– han exigido al Estado cumplir con los acuerdos internacionales, a partir de la formulación de políticas públicas acorde con los derechos humanos y la igualdad de género. Estas demandas, sin embargo, han sido desestimadas, lo que evidencia un déficit de integración social (Hurtado, Pérez y Dides, 2004). Ésta es la razón principal que justifica el interés de estudiar la propuesta de inclusión social de la política de salud sexual y reproductiva en Chile, con propósito de conocer los diferentes discursos sobre inclusión sostenidos por actores gubernamentales y de la sociedad civil. La pregunta principal de investigación es por lo tanto la siguiente: ¿Cuál es la noción de inclusión social que propone la política de salud sexual y reproductiva en Chile –en los ámbitos de la educación sexual y de la regulación de la fertilidad— durante el periodo 2000- 2015? Esta tesis aborda la dimensión ético-normativa de las políticas públicas, que habla del deber ser propuesto por éstas: qué asuntos atender, qué fines perseguir y cómo alcanzarlos, quiénes pueden dialogar/decidir sobre estos asuntos y para quiénes se piensan estas intervenciones. La normatividad planteada por las políticas públicas –sobre todo en el ámbito de la sexualidad— no es neutral, sino que está mediada por los discursos naturalizados sobre el género y otros ejes de exclusión (clase social, etnicidad y discapacidad, entre otros). De manera que las políticas de Estado pueden tanto vulnerar como apoyar el ejercicio de la autonomía sexual y reproductiva de las personas; profundizar o revertir las dinámicas de exclusión vigentes..

Acción para la conciencia colectiva : la defensa de los derechos humanos y las luchas por la configuración de la justicia (1970-1991)

Durante los 21 años que abarca esta investigación, la agenda social de movilización en Colombia presentó transformaciones constantes al ritmo de los vaivenes del conflicto social de carácter armado. La defensa de la vida y la resignificación de lo justo, han llegado a ocupar un lugar central en las protestas y, a la par de las necesidades económicas insatisfechas, se abren camino en medio de una multiplicidad de demandas que implican lo político, lo cultural y lo simbólico. Allí emergen las luchas por los DD.HH., en un escenario en el que la legitimidad de los diferentes gobiernos fue confrontada por su compromiso en la violación de los derechos y las garantías ciudadanas. Lo que podría describirse como un proceso colombiano, se repitió en casi todos los países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX. Los DD.HH. que habían pasado inadvertidos tanto para los Estados como para los ciudadanos durante por lo menos una década (luego de su declaración en 1948), comenzaron a configurarse como mecanismos de defensa en un escenario urgente. La protección de la vida, la paz y la democracia, convirtieron a estos derechos en un horizonte de lucha que le permitió a los sectores subalternos -fortalecidos gracias a la interacción con diferentes sectores sociales, políticos y económicos- entrar en disputa con interpretaciones institucionales restrictivas.During the 21 years covered by this research, the social mobilization agenda in Colombia had constant transformations according to the ups and downs of social and armed conflict. Defence of life and the restructuring of justice concepts have occupied a central place in protests and, along with the unsatisfied economic needs of the population, make their way through a multiplicity of demands that involve the political, cultural and symbolic spheres. In this context, human rights' struggles emerge. In a scenario where the governments' legitimacy has been challenged due to their responsibilities in the violations of citizens' rights and guarantees. What could be described as a Colombian process was repeated in almost all Latin American countries during the second half of the 20th century. Human Rights that had gone unnoticed by both states, and citizens for at least a decade (after the Humans Right Declaration in 1948), began to be used as defence mechanisms in a desperate scenario. Life protection, peace, and democracy transformed human rights into a opportunity of struggle, allowing subalternate sectors, which strengthened as a result of their relationships with different social, political and economic sectors, to enter into a dispute for human rights in a restrictive institutional interpretation of those rights.Doctorad